Las autoridades ambientales de Minnesota presentaron la propuesta de reglamento para una nueva legislación concebida para reforzar el amparo ambiental en comunidades diversas y golpeadas por la polución. El estado ha abierto una fase de consulta pública previa a su adopción definitiva, prevista para la próxima primavera.
Las disposiciones técnicas fijarán las pautas que activarán los estudios de impacto acumulativo. Estos análisis obligarán a los reguladores a sopesar la carga contaminante histórica que ya soportan las poblaciones vulnerables antes de otorgar licencias a nuevas instalaciones industriales o avalar la ampliación de complejos operativos.
Los legisladores estatales aprobaron en 2023 la Ley de Protección a las Comunidades en Primera Línea (Frontline Communities Protection Act), conocida coloquialmente como la ley de impacto acumulativo. La normativa persigue articular un escudo legal más riguroso para aquellos vecindarios con diversidad étnica y rezago socioeconómico que, históricamente, han asumido los costos ambientales y de salud derivados de polígonos fabriles y corredores viales de alto tráfico.
Tras un proceso de formulación técnica que tomó tres años, la Agencia para el Control de la Contaminación de Minnesota (MPCA, por sus siglas en inglés) publicó formalmente el borrador de la normativa. El plazo para remitir comentarios ciudadanos permanecerá abierto hasta el 17 de julio.
Bajo este marco, la MPCA deberá examinar con lupa cualquier solicitud de instalación de fuentes contaminantes en las denominadas áreas de justicia ambiental: distritos censales clasificados bajo este estatus en la legislación estatal por su composición demográfica o sus condiciones de vulnerabilidad económica.
“Buscamos corregir la exposición desproporcionada que afrontan miles de habitantes en Minnesota, poniendo el foco en los perjuicios que recaen sobre las zonas de justicia ambiental,” puntualizó Hassan Bouchareb, ingeniero de la MPCA.
Los puntos clave del marco legal
Hasta hoy, la Agencia para el Control de la Contaminación de Minnesota evalúa cada trámite de permisos de manera aislada, permitiendo emisiones siempre que no rebasen los topes estándar fijados para cada planta individual.
El nuevo esquema, en contraste, exige que el organismo ejecute una evaluación integral de la polución atmosférica acumulada en vecindarios vulnerables y de bajos ingresos toda vez que pondere autorizar un nuevo complejo industrial, o bien la ampliación de una planta ya instalada que implique un incremento significativo de gases de efecto invernadero.
La MPCA estará facultada para denegar el permiso si la modelización concluye que el proyecto provocará afectaciones negativas de gravedad en el entorno. La ley contempla excepciones únicamente para iniciativas que cuenten con el respaldo explícito de la comunidad vecinal por motivos socioeconómicos y que logren formalizar un acuerdo de beneficios comunitarios.
Dicho instrumento legal podrá pactarse si la compañía asume compromisos directos exigidos por el vecindario, tales como la habilitación de parques urbanos o la contratación prioritaria de mano de obra local. La concertación de este mecanismo demandará múltiples audiencias ciudadanas y etapas de deliberación pública, según precisó Bouchareb.
Asimismo, la empresa solicitante deberá coordinar foros públicos antes y después de la elaboración del dictamen ambiental.
Ámbito y radio de aplicación
El radio de alcance abarca de lleno a las zonas de justicia ambiental y establece un perímetro de amortiguamiento de una milla (1,6 kilómetros) a su alrededor.
Se clasifica como área de justicia ambiental a todo sector censal que reúna al menos uno de los siguientes cuatro criterios:
- El 40 % o más de sus residentes pertenece a minorías raciales.
- El 35 % o más de los hogares califica como de bajos ingresos (ingresos menores a 60.000 dólares anuales para una familia de cuatro integrantes).
- El 35 % o más de los habitantes registra un dominio limitado del idioma inglés.
- El predio se ubica en territorio indígena (reservas tribales reconocidas).
La aplicación de la normativa se circunscribe al área metropolitana de las Twin Cities (conformada por siete condados), a las urbes de Rochester y Duluth, y a las 11 naciones tribales con reconocimiento federal en Minnesota.
Aproximadamente la mitad de la mancha urbana metropolitana de las Twin Cities queda comprendida dentro de estas áreas de justicia ambiental o en sus franjas de amortiguamiento perimetral.
La MPCA calcula un padrón inicial de 89 instalaciones industriales susceptibles de quedar sujetas a la normativa. No obstante, 39 de ellas operan con licencias de vigencia indefinida, por lo que quedarán exentas de someterse a este peritaje a menos que tramiten una ampliación sustancial de sus operaciones o incurran en sanciones por violaciones a la normativa ambiental.
El listado abarca plantas de envergadura, entre ellas la planta incineradora de residuos Hennepin Energy Recovery Center (HERC) en Minneapolis y Northern Iron, la fundición metalúrgica de St. Paul que libra actualmente una pugna en los tribunales frente a la MPCA.
¿Qué factores detonan la evaluación técnica?
Más allá de los proyectos fabriles nuevos que pretendan instalarse en áreas prioritarias, persisten interrogantes sobre las causales exactas que activarán el análisis ambiental en instalaciones ya operativas.
Toda planta existente que tramite un permiso nuevo tendrá que presentar una autoevaluación inicial preliminar, de menor rigor técnico, en la que declare si su propuesta reviste riesgo para la salud humana y el ecosistema. La MPCA cotejará dicha declaración contra su propia plataforma cartográfica, la cual procesa índices de contaminación en tiempo real y vulnerabilidades de salud pública.
En el caso de complejos ya establecidos que gestionen la renovación de licencias, el estudio de impacto acumulativo será obligatorio si la firma fue objeto de sanciones o medidas coercitivas por parte de la MPCA o de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en los tres años previos a la solicitud.
El análisis acumulativo también podrá detonarse por la vía de la participación vecinal, mediante una petición respaldada por las firmas de al menos 100 residentes o propietarios de predios circundantes.
Colectivos ecologistas y defensores de la justicia ambiental han manifestado que este filtro se queda corto y demandan mecanismos más rigurosos para forzar la revisión de aquellas industrias en marcha que buscan renovar sus permisos de emisiones al aire.
“Exigimos baremos que detonen la revisión en estas renovaciones sin que dependa exclusivamente de la existencia de sanciones previas”, explicó a Sahan Journal Evan Mulholland, abogado del Centro para la Defensa Ambiental de Minnesota (Minnesota Center for Environmental Advocacy).
Las evaluaciones acumulativas sopesarán estresores ambientales preexistentes en la zona, detalló Bouchareb. Entre estos factores se contemplan las tasas de incidencia de cáncer, prevalencia de asma y concentraciones habituales de esmog. Para transparentar estos datos, la MPCA puso a disposición pública un visor cartográfico interactivo que permite constatar los focos de presión ambiental en cada localidad.
Mecanismos de participación ciudadana
- El texto íntegro del borrador de la normativa está disponible en el portal oficial de la entidad.
- Los comentarios por escrito se recibirán hasta las 4:30 p. m. del 17 de julio.
- Las observaciones formales deben canalizarse a través del Tribunal de Audiencias Administrativas de Minnesota (Minnesota Court of Administrative Hearings).
- El formulario de recepción de comentarios se encuentra habilitado en su sitio web.
Próximos pasos en el calendario
- El 1 de septiembre, a las 3:00 p. m., se llevará a cabo una audiencia pública ante la jueza administrativa Kimberly Middendorf, espacio donde la ciudadanía podrá presentar alegatos de forma oral.
- Tras esa vista, se habilitará un periodo adicional de consultas públicas por tres semanas, el cual concluirá el 21 de septiembre.
- De acuerdo con las estimaciones de Bouchareb, se perfila que la ley entre formalmente en vigor en la primavera de 2027.
