Luis, un solicitante de asilo venezolano de 30 años, corre bajo la lluvia mientras realiza entregas de paquetes en Winter Park, Florida, el martes 19 de agosto de 2025. Luis, quien huyó de Venezuela tras haber sido activista político de la oposición durante su etapa como estudiante universitario, obtuvo un permiso de trabajo de larga duración que le permite mantenerse económicamente como conductor de entregas de Amazon mientras avanza su proceso legal de asilo. Crédito: Rebecca Blackwell | Associated Press
Ana Pottratz Acosta, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, participa en una conversación sobre los cambios en materia migratoria durante una transmisión en vivo de Sahan Journal el 29 de mayo de 2025. Crédito: Samantha HoangLong | Sahan Journal
Durante el último año, la administración Trump ha implementado cambios significativos y difíciles no solo en las solicitudes de asilo, sino también en las autorizaciones de permisos de trabajo para quienes buscan asilo. Desde nuevas tarifas para presentar solicitudes hasta períodos de vigencia más cortos para los permisos laborales, estos cambios han encendido las alarmas entre expertos en inmigración, quienes temen que las vías legales de empleo para los solicitantes de asilo estén siendo cerradas gradualmente.
“El mensaje general que esta administración intenta transmitir a los solicitantes de asilo, o a las personas que huyen de sus países de origen debido a la persecución, es: ‘No vengan aquí’”, dijo Ana Pottratz Acosta, profesora visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota. “Quieren hacer que el ambiente sea lo menos acogedor posible para los solicitantes de asilo y para los inmigrantes en general”. Pottratz Acosta dirige la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos, que forma parte del Centro James H. Binger para Nuevos Estadounidenses de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota.
Los solicitantes de asilo constituyen el grupo más grande de personas con permisos de trabajo en Estados Unidos.
Un estudio publicado en marzo por workpermits.us, una organización con sede en Washington, D.C., dedicada a elaborar investigaciones y actualizaciones sobre las políticas federales relacionadas con permisos de trabajo, reveló que Minnesota alberga a 18,000 trabajadores solicitantes de asilo. En conjunto, estas personas aportan 810 millones de dólares en ingresos a la economía anual del estado y generan 101 millones de dólares en impuestos estatales y locales.
Estos trabajadores están distribuidos en distintos sectores económicos, aunque la mayoría se desempeña en las industrias de la hospitalidad, el comercio minorista y la manufactura.
Gran parte de estos cambios quedaron plasmados en la llamada Ley One Big Beautiful Bill, o HR-1, promulgada en julio del año pasado por el presidente Donald Trump. Las nuevas disposiciones afectarán, de una u otra manera, a los 18,000 trabajadores solicitantes de asilo que viven en Minnesota.
“Hay múltiples cambios, tanto a nivel regulatorio como de políticas públicas, que están haciendo más difícil conservar y mantener los permisos de trabajo”, dijo Cristina Moreno, asesora de políticas de Workpermits.us, en declaraciones a Sahan Journal. “Es como una muerte por mil cortes”.
Los solicitantes de asilo, que con frecuencia deben esperar hasta cinco años o más para obtener una entrevista sobre su caso, pueden trabajar legalmente en el país mediante un Documento de Autorización de Empleo (EAD) emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Estas personas pueden solicitar la autorización de empleo una vez que su petición de asilo ha estado pendiente durante 150 días. Posteriormente, USCIS dispone de hasta 30 días para emitir el permiso de trabajo. En total, el proceso representa un período de espera y tramitación de 180 días.
Los cambios más recientes que enfrentan los solicitantes de asilo
A continuación, se detalla el panorama actual para tramitar el asilo y la autorización de empleo. Estas modificaciones afectan tanto a quienes solicitan el asilo directamente ante el USCIS (asilo afirmativo) como a quienes lo hacen en el marco de un proceso ante el Tribunal de Inmigración (asilo defensivo):
1. Tarifas para las solicitudes iniciales de autorización de empleo:
Históricamente, la primera solicitud del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) era gratuita para los solicitantes de asilo. Ahora, obtener el permiso de trabajo inicial tendrá un costo de 550 dólares. Toda solicitud presentada el 22 de julio del año pasado o después de esa fecha está sujeta a este cobro.
“Lo que hace que esto resulte tan impactante es que los solicitantes de asilo no tienen permitido trabajar antes de este punto”, señaló Tracy Roy, directora legal del Centro de Derecho para Inmigrantes de Minnesota. “Eso significa que, después de pasar un período considerable de tiempo en Estados Unidos sin poder trabajar legalmente, tienen que reunir 550 dólares para presentar la solicitud. Es una carga enorme para muchas personas”.
2. Tarifas de renovación y reducción del período de vigencia de los permisos de trabajo:
Renovar los permisos de trabajo también será considerablemente más costoso. Para las renovaciones presentadas el 22 de julio del año pasado o después de esa fecha, ahora existe un cargo adicional de 275 dólares que se suma a la tarifa anterior de 520 dólares, elevando el costo total de cada renovación a 795 dólares. (Los solicitantes pueden obtener un alivio de 50 dólares si presentan la renovación de manera electrónica).
En el caso de las familias que realizan el trámite conjuntamente, estos costos se multiplican por cada integrante, generando importantes barreras económicas.
El incremento en las tarifas también viene acompañado de una reducción en la duración de los permisos. Pottratz Acosta explicó que, aunque los períodos de vigencia han variado a lo largo del tiempo, los permisos emitidos durante la administración Biden y hasta la entrada en vigor de la HR-1 tenían una validez de cinco años.
Las solicitudes de permisos de trabajo tanto iniciales como de renovación que estaban pendientes o fueron presentadas el 5 de diciembre del año pasado o después de esa fecha tendrán una vigencia de solo 18 meses.
3. Cancelación de la renovación automática de los permisos de trabajo:
Antes de octubre pasado, si los solicitantes de asilo tramitaban sus renovaciones antes de que vencieran, sus EAD se renovaban automáticamente mientras las solicitudes estaban en trámite, lo que garantizaba que no hubiera interrupciones laborales por falta de documentación legal. Sin embargo, USCIS puso fin a esa política de extensión automática en octubre del año pasado. Esto significa que, incluso si una persona presenta su renovación dentro del plazo establecido, ya no recibirá una extensión automática mientras su solicitud esté pendiente de resolución.
Pottratz Acosta y Moreno señalaron que también han observado retrasos significativos en el procesamiento de las renovaciones durante el último año y medio.
La situación se agravó aún más con la suspensión de todos los trámites de asilo e inmigración para solicitantes provenientes de 39 países, medida que entró en vigor en noviembre pasado, poco después de que las autoridades informaran que un ciudadano afgano había disparado contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington.
El 5 de junio, un juez federal de Rhode Island anuló la prohibición impuesta por la administración Trump al procesamiento de solicitudes migratorias y de asilo para personas originarias de esos 39 países, incluidas las renovaciones de permisos de trabajo.
“Más de seis meses después, muchas de esas personas siguen sin trabajo, sin un estatus legal y sin ninguna capacidad real para planificar su futuro”, escribió el juez en su opinión de 135 páginas.
4. Tarifas para nuevas solicitudes de asilo y cobros anuales para mantener un caso activo:
Además de las tarifas para presentar una solicitud inicial del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), desde julio del año pasado los solicitantes de asilo también están obligados a pagar una cuota de 100 dólares para presentar sus casos de asilo.
La HR-1 también estableció una nueva tarifa anual de 100 dólares que los solicitantes deberán pagar para mantener activos los casos que permanezcan pendientes durante más de un año. Si ese pago no se realiza dentro de los 30 días posteriores a la notificación, el caso será cancelado sin reembolso de las tarifas ya abonadas.
“Antes, cuando una persona solicitaba asilo, el trámite era gratuito. La idea era que, muchas veces, quienes llegan a Estados Unidos buscando asilo están huyendo para salvar sus vidas y prácticamente no traen nada más que la ropa que llevan puesta”, explicó Pottratz Acosta. “Se trata de una solicitud de carácter humanitario, por lo que no debería existir una tarifa de presentación, porque eso puede convertirse en una barrera para las familias o para las personas que buscan asilo”.
Aunque una demanda judicial había bloqueado temporalmente que USCIS cobrara esta cuota anual de 100 dólares, la medida cautelar fue levantada en febrero, permitiendo que la agencia comenzara a recaudar dichos pagos.
Pottratz Acosta y Roy señalaron que las notificaciones han sido enviadas de manera irregular, lo que significa que no todas las personas están siendo informadas oportunamente sobre la fecha límite para realizar el pago anual. Por ello, recomiendan a los solicitantes pagar la cuota de manera preventiva para evitar que sus casos sean cancelados.
5. Una norma propuesta podría detener el procesamiento de nuevas solicitudes de permisos de trabajo:
En febrero, el Departamento de Seguridad Nacional propuso una norma que podría retrasar el procesamiento de nuevas solicitudes de autorización de empleo presentadas por solicitantes de asilo por un período de hasta 173 años.
La propuesta también plantea nuevos criterios de elegibilidad para obtener permisos de trabajo y hace más difíciles algunos procesos de renovación de autorizaciones laborales.
La iniciativa fue sometida a un período de comentarios públicos, durante el cual se recibieron más de 7,000 observaciones. La norma, propuesta bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, todavía no tiene efectos inmediatos sobre los permisos de trabajo vigentes, las renovaciones ni las solicitudes que ya han sido presentadas.
Un caso que hace 10 años era una “victoria segura” hoy es incierto
Además de imponer nuevas tarifas, mayores restricciones y períodos de vigencia más cortos para los permisos de trabajo, la HR-1 también eliminó para los solicitantes de asilo el acceso a beneficios federales de salud como Medicaid y Medicare.
Los solicitantes de asilo que cuentan con un EAD activo todavía pueden acceder a MinnesotaCare; sin embargo, ese acceso también desaparece en ausencia de un permiso de trabajo vigente.
Por otra parte, los solicitantes de asilo generalmente no son elegibles para recibir beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) antes de que se les conceda el asilo, lo que hace aún más urgente la necesidad de conseguir empleo.
Pottratz Acosta afirmó que obtener decisiones favorables en los casos de asilo se ha vuelto más difícil debido a una serie de resoluciones con carácter precedente emitidas durante el último año por la Junta de Apelaciones de Inmigración y por el fiscal general de Estados Unidos.
“Un caso que hace diez años prácticamente era una victoria segura, probablemente hoy no obtendría asilo”, señaló.
Expertos legales temen que el aumento de las cargas económicas y los tiempos de espera más prolongados hagan que muchas personas sean más vulnerables a la explotación laboral y a violaciones de las leyes de trabajo dentro del mercado informal o la economía clandestina, donde no existen las salvaguardas de un sistema regulatorio formal.
También advierten que tanto la economía federal como las economías estatales resentirán el impacto si los solicitantes de asilo son excluidos de la fuerza laboral formal.
“Además del beneficio económico, el trabajo proporciona un sentido de propósito, fomenta la conexión entre las personas y fortalece la construcción de comunidad, algo que beneficia a todos”, afirmó Roy.
Dónde encontrar información y ayuda
Para obtener asistencia e información sobre los cambios relacionados con las autorizaciones de empleo, las personas pueden comunicarse con el Immigrant Law Center of Minnesota, organización que brinda representación legal gratuita en materia migratoria a inmigrantes y refugiados de bajos ingresos en Minnesota y Dakota del Norte.
Para mantenerse informados y acceder a recursos adicionales sobre permisos de trabajo, también pueden consultar el Asylum Seeker Advocacy Project y workpermits.us.
