La orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca identificar las jurisdicciones locales que niegan la cooperación con la aplicación de las leyes migratorias federales, podría poner en riesgo millones de dólares en ayuda federal para servicios críticos, dicen líderes de ciudades y condados en Minnesota.
Los estados y ciudades de la lista enfrentarán consecuencias en financiación federal, según la orden. Los líderes de ciudades y condados consideran que es un intento de presionarlos para que cooperen con la ofensiva migratoria de Trump. Minneapolis podría perder millones en fondos destinados a la respuesta a la crisis de los opioides, la reubicación de personas sin hogar y la reducción del plomo en hogares con niños. En St. Paul, $260 millones destinados a projectos de viviendas asequibles y servicios de respuesta a emergencias podrían estar en riesgo.
“En nuestra ciudad, los inmigrantes no son extranjeros ilegales, son nuestros vecinos”, dijo el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en una declaración escrita.
Trump firmó el lunes la orden solicitando una lista de ciudades y estados que llamó “jurisdicciones santuario” debido a sus políticas que limitan la cooperación de las autoridades locales con las agencias federales que atacan a los inmigrantes indocumentados.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, cuentan con 30 días para publicar dicha lista y entregársela a la administración Trump. El término “jurisdicción santuario” no tiene una definición única. Se ha utilizado comúnmente para ciudades, condados y estados con políticas similares para disuadir a quienes colaboran con las autoridades migratorias. Algunos estados, como Nueva York, Illinois y California, cuentan con estas políticas.
Algunos condados de Minnesota, como el de Nobles y el de Anoka, están identificados como “santuario” en un mapa del Centro de Estudios de Inmigración, una organización de investigación sin fines de lucro. Sin embargo, algunos líderes de otros condados de Minnesota afirman que su inclusión en el mapa no se debe a una política de “santuario”, sino a que no retienen detenidos para la aplicación de las leyes federales de inmigración. Fallos judiciales estatales anteriores han impedido que los funcionarios de los condados cumplan con las solicitudes de las agencias federales de retener detenidos. Por lo tanto, los líderes de algunos condados afirman que tendrán que esperar para ver si aparecen en la lista.
Trump ya había intentado bloquear el financiamiento federal a las ciudades santuario durante su primer mandato. Dieciséis ciudades de todo el país, incluidas St. Paul y Minneapolis, se unieron para poner una demanda federal buscando detener una orden emitida el primer día de Trump en el cargo este año, que habría suspendido la financiación federal a las ciudades santuario que se negaron a colaborar con las autoridades migratorias federales. La semana pasada, el juez federal que presidía la demanda bloqueó temporalmente dicha orden.
Minneapolis
Minneapolis aprobó una ordenanza, hace más de 20 años, que orienta a los empleados municipales sobre cómo brindar servicios para ayudar a inmigrantes indocumentados, explicó Michelle Rivero, directora de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados de la ciudad. El objetivo de dicha ordenanza es promover la seguridad comunitaria, añadió.
“Queremos asegurarle a la gente de que sus interacciones con los empleados municipales no resultarán en una acción policial ni en una llamada a los servicios de inmigración y aduanas”, dijo.
En Minneapolis, los empleados municipales y la policía no pueden utilizar recursos municipales para arrestar o identificar a inmigrantes indocumentados, ni pueden ayudar a los agentes federales en dichas actividades a menos que estos cuenten con una orden judicial. Según la ordenanza municipal, los empleados municipales y la policía no pueden discriminar a ninguna persona por su estatus migratorio.
Minneapolis recibió más de $54 millones en fondos federales el año pasado para capacitación en desarrollo de fuerza laboral, realojamiento rápido de personas sin hogar, respuesta a opioides y reducción de plomo en hogares para niños en el norte de Minneapolis y el vecindario de East Phillips.
“No sabemos si Minneapolis está o estará en alguna ‘lista’. En cualquier caso, lo hemos dicho antes y lo repetiremos: ‘No es responsabilidad de la Ciudad hacer cumplir la ley federal de inmigración civil’”, declaró la fiscal de la ciudad de Minneapolis, Kristyn Anderson, en una declaración escrita enviada al Sahan Journal. “Cualquier intento de obligarnos a hacerlo no solo es incorrecto, sino también claramente inconstitucional”.
La ciudad también aprobó una resolución que afirma que Minneapolis es una “ciudad acogedora” para que personas de diferentes orígenes, incluidos inmigrantes indocumentados, puedan visitarla y vivir.
“El presidente puede emitir todas las órdenes ejecutivas que quiera; eso no cambia nuestra identidad. Minneapolis seguirá siendo una ciudad acogedora para todos, independientemente de su estatus migratorio”, declaró Frey.
St. Paul
El alcalde de St. Paul, Melvin Carter, emitió una declaración la semana pasada diciendo que las amenazas de recortar la financiación federal por parte de Trump ponen en riesgo 260 millones de dólares que afectan a programas de vivienda asequible, infraestructura y servicios de respuesta a emergencias.
Ni la oficina de Carter ni la oficina del fiscal de la ciudad de St. Paul respondieron a los mensajes de Sahan Journal solicitando comentarios para este artículo.
St. Paul también cuenta con una ordenanza que guía a los empleados municipales y a la policía en sus interacciones con inmigrantes indocumentados. No pueden preguntar sobre estatus migratorio ni solicitar documentos relacionados, a menos que sea requerido por una citación judicial. Según la ordenanza municipal, no pueden discriminar a ninguna persona por su estatus migratorio.
Los empleados de la ciudad no pueden utilizar recursos de la ciudad para arrestar o identificar a inmigrantes indocumentados, y no pueden ayudar a los agentes federales con esas actividades a menos que lo ordene una citación, según la ordenanza.
En Minnesota
La oficina del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, todavía está revisando la orden de Trump, por lo tanto no han emitido comentarios, dijo su secretario de prensa, Brian Evans.
Ellison emitió un comunicado a principios de febrero en respuesta a una solicitud consultiva hecha por el fiscal del condado de Ramsey, John Choi. Ellison afirmó que la Constitución de los Estados Unidos y la ley estatal prohiben retener a personas exclusivamente por órdenes federales de detención migratoria. Una orden de detención migratoria es una solicitud del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para retener a una persona durante 48 horas después de cumplida la fecha en que debiese ser liberada tras su arresto inicial.
“Dado que ninguna ley civil en Minnesota autoriza arrestos por órdenes de detención migratoria, las agencias policiales de Minnesota corren el riesgo de incurrir en una responsabilidad civil significativa si hacen cumplir dichas órdenes”, se lee en la declaración de Ellison.
Sahan Journal contactó a varios funcionarios de condados incluidos en la lista del Centro de Estudios de Inmigración para preguntar sobre sus políticas de cooperación con agencias federales en materia de inmigración. Hasta la fecha de publicación de este artículo, los funcionarios del condado de Ramsey no habían respondido.
Al preguntársele si el Condado de Hennepin cuenta con políticas que limiten la cooperación de sus empleados con agentes federales para deportar inmigrantes, la Directora de Relaciones Públicas, Carolyn Marinan, emitió una breve declaración: «Cumplimos con las leyes estatales y federales. Además, servimos y apoyamos a todos los residentes del Condado de Hennepin».
Marinan también proporcionó una lista de “Preguntas frecuentes” con pautas y lineamientos sobre cómo los empleados del condado deben interactuar con agentes federales y clientes indocumentados:
- Consulte con un supervisor si un agente federal solicita información que no sea pública.
- No ayude ni interfiera con los agentes federales que estén deteniendo a alguien en un lugar público.
- En general, los empleados del condado solo deben recopilar la información mínima necesaria para prestar un servicio y, si no se requiere específicamente el estatus migratorio, “No debe realizar esta pregunta”.
Los funcionarios de los condados de Nobles, Anoka y Kandiyohi afirmaron que sus jurisdicciones no cuentan con políticas que limiten la cooperación de los empleados del condado con los agentes federales para deportar inmigrantes. Algunos funcionarios comentaron que han enfrentado demandas legales en el pasado por cooperar con una orden de detención de ICE, por lo que generalmente se niegan a colaborar con dichas solicitudes.
“Este asunto ha sido ampliamente litigado”, afirmó en un comunicado el director de comunicaciones del condado de Anoka, Erik Thorson.
Sahan Journal informó, a principios de abril, que los sheriffs de los condados de Cass, Crow Wing, Freeborn, Itasca y Jackson firmaron acuerdos con el ICE desde que Trump asumió su segundo mandato presidencial. Estos acuerdos forman parte de un programa que permite al ICE delegar autoridad a las fuerzas del orden locales para que realicen algunas funciones federales de inmigración. Históricamente, estos acuerdos han generado denuncias de discriminación racial y podrían representar mayores riesgos para las comunidades inmigrantes, según expertos locales en inmigración.
