Kevin Alfredo Murillo Lucero, de diecinueve años, iba en un automóvil con otras siete personas que se dirigían a su lugar de trabajo en las Ciudades Gemelas cuando fueron detenidos por ICE. Esto fue el 5 de agosto.
Los agentes de inmigración buscaban a uno de los hombres que iban en el auto. Finalmente arrestaron a Kevin, estudiante de primer año de la Universidad de Augsburg sin antecedentes penales, junto con todos los demás acompañantes.
Su madrina, Lidia Margarita Riera Alvarado, acudió al Tribunal de Inmigración de Fort Snelling tan pronto como escuchó que Kevin había sido detenido.
“No querían decirme nada”, dijo Riera al Sahan Journal, describiendo su desesperada búsqueda por el paradero de su ahijado.
Esa misma tarde, ya lo habían trasladado a la Cárcel del Condado de Sherburne, uno de los tres centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota. Aún no tiene una audiencia programada.
Kevin, quien llegó a Minnesota desde Ecuador como menor no acompañado, es uno de los miles de jóvenes que han llegado a Estados Unidos en los últimos años, muchos huyendo de las condiciones peligrosas en sus países de origen. Solo en Minnesota, más de 4000 menores no acompañados llegaron entre 2021 y 2024, según datos federales.
La situación de Kevin evidencia la precaria situación que enfrentan muchos jóvenes que ingresaron a Estados Unidos sin padres ni estatus legal, mientras son sometidos a un mayor escrutinio por parte de los funcionarios de inmigración, incluyendo controles de asistencia social repentinos y esfuerzos específicos para deportarlos.
Kevin pasó el verano como obrero, ayudando a su tío con trabajos esporádicos en las Ciudades Gemelas. Planeaba regresar a Augsburg este otoño para terminar su licenciatura.
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Se dirigía a trabajar a una obra alrededor de las 6:30 a. m. del 5 de agosto, con sus tres familiares y cuatro amigos en el coche. A unas tres cuadras de la obra, Kevin vio llegar cuatro patrullas y una camioneta blanca.
“En ese momento estaba calmado, para ser sincero, pero después cuando procesé todo lo que estaba pasando, pues la verdad sí me sentí mal”, dice Kevin.
Al principio, pensó que era la policía la que los estaban deteniendo, dice. Pero enseguida se dio cuenta de que eran agentes de ICE. No recuerda qué le dijeron los agentes, solo que parecían buscar a alguien con una orden de deportación.
Lleva casi un mes en la cárcel del condado de Sherburne y no se sabe cuánto tiempo permanecerá allí, según informó su abogada, Evangeline Dhawan-Maloney. Las autoridades de Augsburg están trabajando para concederle una licencia y suspender su beca, añadió.
Su caso ha resonado en Augsburg, una pequeña universidad de Minneapolis con un cuerpo estudiantil diverso.
“Esta es una noticia realmente dolorosa de recibir mientras nuestra comunidad está pronta a dar inicio al semestre de otoño”, dijo la portavoz Rachel Farris en un comunicado enviado por correo electrónico.
Señaló que ICE no notificó a los funcionarios de Augsburg antes del arresto de Kevin.
“Kevin es alguien que básicamente hace todo bien”, dijo Dhawan-Maloney. “Nunca ha faltado a una audiencia judicial. Nunca ha sido acusado de ningún delito”.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional confirmó en una declaración al Sahan Journal que Kevin no era el objetivo de su operativo. El plan era arrestar a una persona específica con una orden de deportación firme. En cambio, los agentes vieron a su objetivo entrar en el mismo coche que conducía Kevin y lo detuvieron.
Los oficiales lo arrestaron a él y a los otros pasajeros del auto, dice Kevin, incluidos tres miembros de su familia y cuatro amigos.
“Ahora, el presidente (Donald) Trump y la secretaria (Kristi) Noem están cumpliendo con la ley y garantizando que el caso (Kevin) Murillo Lucero sea visto por un juez”, decía el comunicado. “Lucero se encuentra bajo custodia de ICE a la espera de nuevos procedimientos”.
La declaración del DHS también culpó a la administración Biden por un “retraso indefinido” en el caso de deportación de Murillo y por permitirle permanecer en Estados Unidos.
Kevin huyó de su país natal en 2020 y entró a Estados Unidos a los 14 años sin tutor legal. Fue puesto al cuidado de sus familiares residentes en Minnesota y se le inició un proceso de deportación. Finalmente, presentó una solicitud de asilo, aún pendiente, ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Esta solicitud en trámite suspendió temporalmente su proceso de deportación.
Asistió a la preparatoria Columbia Heights y no tiene antecedentes penales. Al momento de su arresto, tenía una licencia de conducir vigente, según su abogado. Estudiaba negocios internacionales en Augsburg.
Cuando se le pidió detalles específicos sobre los acontecimientos que llevaron a Kevin a huir de Ecuador, Dhawan-Maloney dijo que enfrentaba “temores” de regresar a su país de origen y se negó a proporcionar más información ya que su solicitud de asilo aún está pendiente.
Riera, su madrina, dice que Kevin se sentía inseguro y temeroso de regresar a Ecuador cuando lo conoció, unos meses después de su llegada a Minnesota. Kevin quedó al cuidado de su tío en Minnesota, y su esposo es muy amigo del tío de Kevin; así fue como se conocieron.
“Es un niño muy cariñoso, es como si fuera mi propio hijo”, dice Riera. Cada año, Lucero le regala flores para el Día de la Madre, añade. “Se convirtió en parte de mi familia”.
Riera comenta que vio a Kevin convertirse en un hombre optimista y amigable. También comentó que él nunca se avergonzó de participar en las actividades de la iglesia y animó a otros jóvenes a unirse.
Unas semanas después de su arresto, Kevin compareció ante la jueza del Tribunal de Inmigración Amy Zaske para solicitar ser liberado de la custodia de ICE bajo fianza.
Pero Zaske coincidió con el argumento del Departamento de Seguridad Nacional de que Kevin no cumplía los requisitos para la libertad bajo fianza debido a los cambios recientes en las directrices de política desde julio pasado y denegó su solicitud, dice Dhawan-Maloney. La jueza también denegó la solicitud de Kevin porque no tiene familiares con estatus legal, lo que lo convierte en un riesgo de fuga.
“Es muy doloroso ver que no hay compasión hacia él”, dice su madrina, Riera, en respuesta al fallo de la jueza.
Kevin intenta mantener la calma y espera que la situación se resuelva, pero es difícil. Quiere trabajar para lograr sus metas de terminar la escuela, conseguir un buen trabajo y formar una familia. Le interesa unirse al Ejército de los Estados Unidos. Su vida está aquí, y no siente que haya nada para él en Ecuador.
Lleva un mes en la cárcel del condado de Sherburne. Se despierta a las 6:30 cada mañana y desayuna cereal todos los días. Es difícil no sentirse libre, dice, atrapado entre cuatro paredes.
“No puedes ver la luz”, dice.
Extraña estar al aire libre. Extraña ver y jugar fútbol con sus amigos. Extraña a su perro, Simba. Quiere empezar su segundo año en Augsburg.
A veces piensa demasiado en la cárcel, dice Kevin. Se pregunta qué habría pasado si no hubiera ido a trabajar ese día. El trabajo probablemente le habría dado unos 150 dólares, lo cual no parece justificar lo que está sufriendo ahora.
“Es como retroceder en el tiempo, todos esos pensamientos de que yo no tenia que estar ese día ahí”.
Dhawan-Maloney dice que está trabajando en diferentes estrategias legales para liberar a Kevin de la custodia de ICE, pero se negó a compartir detalles. Sin embargo, dice que le informó a Kevin que luchar contra su caso podría resultar en un período más largo de detención; podría tomar meses o años resolver su caso. Lleva aproximadamente un año esperando una entrevista de asilo con USCIS.
Dice además que los últimos cambios en las directrices de política del DHS tienen como objetivo mantener a los inmigrantes detenidos bajo custodia de ICE para presionarlos a que acepten su deportación en lugar de buscar estatus legal y alivio.
También afirma que el caso de Kevin es similar al de Antonia Aguilar Maldonado, de 27 años, quien estuvo detenida durante tres semanas bajo custodia de ICE en la Cárcel del Condado de Kandiyohi y entró a Estados Unidos como menor no acompañada. Sus abogados lograron que un juez federal aprobara su liberación a mediados de agosto, la primera en el estado desde los cambios en las directrices de políticas del DHS en julio.
La mayor diferencia radica en que un juez de inmigración consideró que Maldonado cumplía los requisitos para la libertad bajo fianza, pero el DHS presentó una apelación, lo que la obligó a permanecer detenida. Como resultado, Maldonado presentó un recurso de hábeas corpus para solicitar a un juez federal su liberación.
“Veo muchas similitudes en cuanto a cómo ingresaron y la postura, francamente ridícula, del DHS de que están sujetos a detención obligatoria”, dice. “Claramente, esto se ha impulsado para intentar detener a la mayor cantidad de personas durante el mayor tiempo posible”.
