Activistas por los derechos de inmigrantes se manifestaron el lunes frente al Tribunal de Inmigración de Fort Snelling para llamar la atención sobre los arrestos de solicitantes de asilo.
Muchos de los arrestos que están siendo llevados a cabo son contra inmigrantes que llevan menos de dos años en Estados Unidos y que comparecen a audiencias judiciales programadas. En sus casos, según activistas, los jueces desestiman rápidamente los casos y deniegan las apelaciones.
Como resultado, muchos inmigrantes temen presentarse a las audiencias judiciales.
Al menos cuatro hombres fueron arrestados por agentes vestidos de civil tras asistir a sus audiencias judiciales la semana pasada, según el Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota (MIRAC), organización que realizó una conferencia de prensa el lunes.
“Sabemos que secuestran a personas a diario, basándonos en la cantidad de denuncias que recibimos y en las versiones de nuestros testigos”, declaró Erika Zurawski, cofundadora de MIRAC.
Los cuatro hombres llevaban menos de dos años en Estados Unidos y solicitaban asilo, explicó Zurawski. MIRAC indicó que no tenía autorización para compartir los nombres de dichas personas.
En las audiencias judiciales, Zurawski afirmó haber visto al juez de inmigración Brian Sardelli desestimar los casos de inmigración a petición de un abogado del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. para que los demandados fueran sometidos a deportaciones express, lo que permitía a los agentes federales detenerlos en el mismo tribunal de inmigración. Añadió que los demandados intentaron oponerse a la solicitud de desestimación, pero el juez falló a favor del abogado federal.
MIRAC insta a los jueces a brindar a los acusados la oportunidad de apelar las desestimaciones. También exigen que el tribunal celebre en línea todas las audiencias preliminares, que forman parte de la primera etapa del proceso de deportación.
“Exigimos el fin de este terror”, declaró Montana Hirsch, organizadora de MIRAC. “Si bien estamos horrorizados por lo que hemos visto en ese edificio, no estamos desmoralizados”.
Kathryn Mattingly, secretaria de prensa de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (OERI), agencia federal que lleva a cabo procedimientos de deportación en tribunales de inmigración, remitió todas las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y declinó hacer más comentarios. El DHS no había respondido a las preguntas hechas por este medio al momento de la publicación de esta historia.
Los inmigrantes que se presentan ante los tribunales también se enfrentan a una nueva y confusa aplicación de tarifas para ingresar trámites rutinarios, después de la aprobación del proyecto de ley de presupuesto que Trump firmó el 4 de julio.
Grupos comunitarios, como MIRAC, están registrando un aumento en las donaciones y voluntarios interesados en ofrecer servicios adicionales. Algunos de estos servicios incluyen acompañar a inmigrantes a audiencias judiciales, transporte o verificación rápida de los informes de arrestos de agentes federales de inmigración.
La Red de Defensa de los Inmigrantes, un grupo estatal de organizaciones de defensa que brinda servicios directos y recursos legales, lanzó recientemente un nuevo programa para capacitar a las personas para responder a los agentes federales de inmigración que realizan arrestos y documentar si se han violado o no los derechos constitucionales.
La idea es también capacitar a estos observadores para que compartan información sobre los derechos constitucionales de los inmigrantes y recursos legales para las personas arrestadas o sus familias al momento de los hechos, dijo Ryan Pérez, director de organización de Comunidades Organizando el Poder y la Acción Latina (COPAL), que es parte de la red.
Desde principios de año, los organizadores dicen que están cada vez más preocupados por su seguridad a medida que se intensifica la aplicación de leyes migratorias.
“Si la situación empeora, lo cual parece probable, hemos conversado sobre el riesgo que estamos dispuestos a asumir y cómo esto podría cambiar con el tiempo”, dijo John Benda, miembro del ICOM. “Hemos conversado sobre qué estaríamos dispuestos a hacer si un voluntario fuera detenido, lo cual parece posible”.
Erika Zurawski, de MIRAC, dijo que los organizadores seguirán haciendo llamadas y enviando correos electrónicos para impulsar sus demandas. También planean seguir observando las audiencias judiciales para comprender mejor cómo los jueces toman decisiones en casos de inmigración, “porque al final, lo importante es si los jueces tuvieron corazón”.
