Aunque es elegible para obtener una Green Card, Kratos Fernando ha estado en la cárcel durante casi cuatro meses como inmigrante detenido.
Un antiguo caso de marihuana puso a Kratos Fernando en el radar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) a principios de este año, cuando intensificó la aplicación de las leyes de inmigración bajo el mandato del presidente Donald Trump.
Agentes de ICE arrestaron a Fernando, de 25 años, a principios de marzo, y desde entonces ha permanecido recluido en la cárcel del condado de Sherburne. Según él, se ordenó su liberación a la espera de un examen médico necesario para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
Fernando, un asilado nacido en Angola y residente en Estados Unidos desde los dos años de edad, dijo que no puede pagar los miles de dólares que, según él, costaría que un médico viajara a la cárcel del condado de Sherburne para realizar el examen. Por ahora, permanecerá en prisión indefinidamente.
Una situación similar es en la que se encuentra Nadeem Khalid, recluido en la cárcel del condado de Sherburne desde el verano pasado. A diferencia de Fernando, Khalid, de 54 años, ya recibió una orden de deportación.
Khalid tiene antecedentes penales por acoso y violencia doméstica contra su exesposa y cumplió condenas de prisión por estos delitos. Dice que acepta la posibilidad de ser deportado a su país natal, Pakistán.
“No quiero pelear mi caso”, dice Khalid. “No quiero discutir con nadie. Solo depórtenme”.
Khalid afirma que las autoridades han intentado deportarlo tres veces, la última el mes pasado, cuando abordó un vuelo hacia su país natal. Cuenta que aterrizó en los Emiratos Árabes Unidos y fue devuelto a Estados Unidos debido al conflicto militar entre Pakistán y la India.
Las situaciones de Fernando y Khalid ilustran cómo cada vez es más difícil para los detenidos de ICE ser liberados, incluso mediante la deportación. Parte de la razón es un fallo del año pasado del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito federal que, en esencia, permite que los detenidos permanezcan bajo custodia indefinidamente hasta que se resuelva su caso de inmigración.
Incluso después de que un juez ordene la expulsión de un detenido del país, este puede permanecer en prisión durante meses, incluso años, antes de ser deportado. O, en el caso de Fernando, incluso después de haber ganado su caso de inmigración.
“Estoy cansado de estar detenido”, dice Fernando.
Los abogados de inmigración argumentan que mantener a los detenidos en prisión indefinidamente es costoso para los contribuyentes. La Cárcel del Condado de Sherburne, por ejemplo, recibe $100 diarios del gobierno federal por cada detenido de ICE. También enfatizan que los detenidos de ICE están detenidos por delitos civiles.
“Estos no son detenidos por delitos criminales. Incluso si son condenados por algún delito, están en prisión por un asunto civil”, dice Nico Ratkowski, abogado de inmigración de St. Paul.
La decisión crucial que cambió el juego
El fallo del Octavo Circuito en Banyee contra Garland afirmó que el debido proceso no impone límite de tiempo a la detención en espera de deportación. El caso involucraba a Nyynkpao Banyee, quien había estado detenido por el ICE en la cárcel del condado de Kandiyohi durante un año mientras apelaba su orden de deportación ante un tribunal de inmigración. Un tribunal federal de distrito falló a favor de Banyee antes de que el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito revocara esa decisión.
Un fallo separado de 2001 de la Corte Suprema de Estados Unidos permite a los inmigrantes detenidos por autoridades federales solicitar su liberación una vez que hayan permanecido detenidos durante más de seis días después de que se haya ordenado su deportación.
Pero el fallo de Banyee, escrito por el juez de circuito estadounidense David Stras, con sede en Minneapolis, dictaminó que los detenidos que todavía están esperando sentencia o apelando su caso de inmigración no pueden solicitar la liberación de la custodia, un derecho conocido como habeas corpus.
El fallo Banyee se aplica a la región del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito, que abarca Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Nebraska, Misuri y Arkansas. El fallo contradice la legislación vigente en otras regiones del país, afirma Linus Chan, abogado de inmigración y director de la Clínica de Derechos de los Detenidos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota.
“Nadie en el Octavo Circuito puede afirmar que estar detenido durante mucho tiempo te libera”, dice Chan. “Eso es lo que ha cambiado”.
Antes del fallo de Stras, Ratkowski se encargaba frecuentemente de casos de hábeas corpus para inmigrantes detenidos. Pero desde entonces, no tanto.
“La decisión Banyee básicamente destruyó el habeas corpus migratorio para detención prolongada”, dijo Ratkowski.
Ahora, Ratkowski dice que presenta casos de hábeas corpus para inmigrantes detenidos en situaciones mucho más limitadas que no justifican una liberación total, como el traslado de los detenidos a sus audiencias judiciales para que no pierdan su fianza.
No está claro cuántos detenidos de ICE en Minnesota y en todo el país han permanecido en prisión durante más de 90 días. Chan afirmó haber solicitado esa información sin éxito en una demanda presentada en 2017. Un portavoz de ICE no respondió a una solicitud de comentarios.
‘Solo depórtenme’
Quienes aún cumplen los requisitos para solicitar el hábeas corpus en Minnesota podrían encontrarse en prisión por mucho más de 90 días, incluso después de que un juez haya ordenado su deportación. Este es el caso de Khalid, cuya deportación se ordenó en mayo de 2022 y ha estado detenido desde julio pasado.
El caso de Khalid es complejo. Llegó a Estados Unidos en 1988 con una visa y en 1999 obtuvo la residencia permanente. En 2011, fue arrestado bajo sospecha de posesión de drogas. Dos años después, Khalid se declaró culpable de fraude con tarjeta financiera.
En 2014, el gobierno federal abrió un caso de inmigración contra Khalid, acusándolo de haber cometido fraude en su solicitud de asilo en la década de 1990. Ocho años después, en 2022, un juez de inmigración ordenó su deportación. Tras dicha orden, fue acusado y condenado por acoso y violencia doméstica por violar una orden de alejamiento y enviar mensajes amenazantes a su exesposa.
Khalid está apelando la condena por violencia doméstica. A pesar de ello, fue sentenciado a 18 meses de prisión, condena que ya cumplió. Tras su liberación, el ICE lo arrestó en julio de 2024 y ha permanecido detenido desde entonces.
En el año transcurrido desde su detención, el gobierno federal ha intentado sin éxito deportar a Khalid en tres ocasiones. El último intento se produjo a principios de mayo, cuando Khalid abordó un avión que llegó hasta los Emiratos Árabes Unidos. Tras el aterrizaje, las autoridades ordenaron su regreso a Estados Unidos porque India acababa de iniciar el lanzamiento de misiles contra Pakistán.
Khalid dijo que intentó persuadir a las autoridades de lo contrario.
“Dije: ‘Volemos a Pakistán, está a solo dos horas, y encontraré el camino’”, relata. “Dijeron: ‘No, tenemos que llevarte de vuelta’. No voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel; solo depórtenme”.
A fines de mayo, Khalid presentó una solicitud de hábeas corpus para obtener su libertad condicional, argumentando que era improbable que fuera deportado en un futuro próximo. Sin embargo, la fiscalía federal se opuso a su liberación y sostuvo que su fecha de deportación sería a fines de junio.
Esa fecha fue el martes 24, cuando Khalid dice que lo trasladaron a Fort Snelling para tomar un autobús al Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul. Para cuando llegó a Fort Snelling, Khalid relató que las autoridades le dijeron que ya era demasiado tarde y que perdería el vuelo. También dijo que había pedido que alguien lo escoltara en el vuelo a Pakistán debido a los conflictos que allí se estaban produciendo. Fue enviado de vuelta a la cárcel del condado de Sherburne.
El abogado de Khalid, Graham Ojala-Barbour, afirmó que planea presentar una moción a principios de julio apoyando su liberación. Argumentará que junio transcurrió sin que se produjera una deportación. No confía en que Khalid sea deportado para entonces, e incluso si lo fuera, Ojala-Barbour no lo sabrá hasta después debido a la opacidad del tribunal de inmigración.
“La logística de las deportaciones siempre ha operado bajo un manto de secretismo”, dice Ojala-Barbour. “Como abogada de inmigración, no es algo que conozcamos ni de lo que participemos”.
‘Ya gané mi caso’
Casos como el de Fernando, cuya liberación ya ha sido ordenada, aún pueden encontrarse con problemas que los mantienen en prisión por períodos prolongados. Su problema: no poder pagar el examen médico requerido para obtener su tarjeta de residencia permanente, la cual, según él, un juez le aprobó. Fernando, quien llegó a Estados Unidos en 2002, se encuentra actualmente asilado.
En 2019, Fernando fue condenado por posesión de aproximadamente 1.5 onzas de marihuana y por no presentarse a una cita judicial. Cumplió su condena y afirmó haber seguido adelante con su vida.
“Era joven; tenía 19 años en ese momento”, dice. “He aprendido de mis errores. Tengo hijos y no puedo permitir que ellos cometan el mismo error”.
Fernando, que ahora tiene 25 años, está casado y tiene dos hijos, uno de 3 años y otro de 1. Sin él en casa, Fernando dijo que su esposa tiene dificultades para pagar las cuentas y criar a los niños.
El examen médico obligatorio, conocido como el informe I-693, suele costarle al solicitante $500. Solo un médico certificado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. puede realizarlo. Pero como Fernando está en la cárcel, hay un costo adicional: debe conseguir que el médico vaya a la cárcel, lo cual cuesta un mínimo de $1,000. Le está costando reunir el dinero.
“Hay quienes quieren $2,000, otros $3,500”, dijo. “Es ridículo. ¿Por qué ICE no puede simplemente liberarme con una tobillera electrónica para que pueda hacerme la prueba y pagar $500? Ya gané mi caso, así que ¿por qué haría algo estúpido?”.
