José Alfredo Gómez trabajaba de techador en 2022 cuando se cayó de una casa de dos plantas y estuvo cinco días en el hospital.
En lugar de presentar un parte de accidente, su jefe instó a Gómez a llamar a su seguro personal. Pero Gómez, que era nuevo en el estado, no tenía seguro.
Gómez no ha podido trabajar en el sector desde entonces. «Tengo fracturas en ambos codos», dijo.
Como Gómez estaba clasificado como contratista independiente, su empleador se libró de pagar las facturas médicas.
Durante su quinto día en el hospital, Gómez recibió las dos primeras facturas por sus cuidados. Hasta ese momento le habían cobrado 33.000 dólares por los tratamientos médicos, pero gracias a los defensores del Centro de Trabajadores Unidos en la Lucha (CTUL), sus gastos médicos quedaron cubiertos por el seguro de su empleador.
Según el CTUL, este tipo de clasificación errónea de los empleados, junto con el robo descarado de salarios, proliferan en algunos sectores de la industria de la construcción.
Hace dos años, la CTUL puso en marcha el programa “Construir con Dignidad y Respeto (conocido en inglés como Building Dignity and Respect program)” para que las promotoras inmobiliarias se comprometieran a mantener prácticas laborales justas. La semana pasada, anunció que los primeros constructores de las Ciudades Gemelas en unirse al programa eran los promotores de viviendas sin ánimo de lucro Alliance Housing y Hope Community.
Merle Payne, Directora Ejecutiva de CTUL, afirmó que este paso, tras dos años de organización, demuestra a los trabajadores que “se avecina un cambio” en el sector.
“Esperamos que el hecho de que estos dos primeras promotoras se hayan adherido al programa envíe el mensaje de que esto es posible”, declaró en una entrevista.
Según los trabajadores de la construcción encuestados por CTUL en 2019, cerca de la mitad había experimentado robo de salarios, generalmente en horas extras no pagadas. Un tercio dijo que el miedo a las represalias les impedía informar de sus preocupaciones. Esos trabajadores citaron amenazas de ser despedidos, deportados o expulsados de la vivienda proporcionada por el empleador como formas comunes de represalia.
“Cuando tuve mi problema, no tenía información. [Estás] aquí sólo para trabajar y [piensas] que se trata de ganar dinero para sobrevivir, pero no nos damos tiempo para informarnos”, dijo Gómez.
El programa BDR (por sus siglas en inglés) utiliza un enfoque descendente en el que las normas se hacen cumplir empezando por las empresas situadas en la parte superior de la cadena de contratación laboral. Los contratistas situados por debajo de ellas en todos los niveles de un proyecto están obligados a cumplir las normas establecidas en el programa.
El programa incluye normas sobre derechos legales en el trabajo y establece un sistema de control independiente para garantizar su cumplimiento. Exige a las promotoras participantes que proporcionen a los trabajadores formación remunerada en materia de seguridad y les informen de sus derechos salariales y horarios.
“Hemos visto que hay promotoras que optan por hacer lo correcto y asegurarse de que los trabajadores cumplen las normas”, dijo Payne. “Y hay algunos promotoras que vimos que parecen recortar gastos y tratar de conseguir los contratos más baratos posibles”.
Gómez, que ahora es miembro voluntario de CTUL, dijo que un problema que ha visto en la industria local es la intimidación o las amenazas por parte de los contratistas a sus trabajadores, específicamente a los miembros de la comunidad hispana, debido a la creencia de que algunos de ellos pueden ser indocumentados.
Según Gómez, a algunos trabajadores se les ha retenido el salario bajo amenazas de posibles deportaciones. Es menos probable que los trabajadores indocumentados busquen ayuda legal debido a su situación legal.
“Lo que quiero de este programa es que otras personas no sufran los mismos abusos que nosotros hemos sufrido en el pasado”, dijo Gómez. “Este programa está diseñado para evitar estos abusos”.
CTUL dijo que los derechos de los trabajadores bajo el programa serán compartidos en varios idiomas.
Gómez nombró específicamente a YellowTree, United Properties y Solhem Companies como promotoras a las que le gustaría que se unieran al programa. El CTUL pidió a estas empresas, así como a Roers, Doran Properties Group y MWF Properties, que adoptaran las normas. Quienes trabajen a las órdenes de promotoras incluidas en el programa pueden denunciar los abusos al consejo de normas. Una vez presentada la denuncia, el consejo supervisará las obras de los contratistas para asegurarse de que cumplen las normas.
Si el consejo descubre que un contratista abusa de los trabajadores, las promotoras del programa CTUL estarán legalmente obligados a dejar de trabajar con él.
El lunes, en su casa de Eagan, con su esposa, Gladis Ondina Melara, a su lado, Gómez dijo que los abusos laborales no sólo afectan a los trabajadores.
Dijo que el robo de salarios y las clasificaciones erróneas acaban afectando también a las familias de los trabajadores. En su caso, y en el de otros, la falta de salario significa que no hay comida en la mesa para todas las personas de las que depende el trabajador.
Gómez describió los dos últimos años como “duros” para él y dijo que hablar de sus experiencias también ha sido difícil, pero cuando lo hace dice que tiene que mencionar a su familia porque sufrieron junto a él. Ahora atribuye el apoyo de su mujer y de CTUL como sus razones para hablar.
Y afirma que seguirá contando su historia hasta que vea que más promotoras se unen al Programa Construyendo Dignidad y Respeto.
«Querer y hacer son dos cosas distintas, hay algunas [promotoras] que quieren [unirse] pero no lo han hecho», dijo Gómez. «La decisión está en estas promotoras si quieren sentarse y formar un equipo con nosotros».
Este artículo hubo traducido de Jessica Pleguezuelos Galan.
